La lucha por el poder y la obsesión por las encuestas y los ritmos electorales impiden pensar más allá del presente.

Por: Pierre Rosanvallon HISTORIADOR, PROF. COLLEGE DE FRANCE

A los regímenes democráticos les resulta difícil integrar la preocupación por el largo plazo a su funcionamiento. La dificultad se vuelve preocupante en momentos en que las cuestiones del medio ambiente y el clima obligan a pensar en términos inéditos nuestras obligaciones frente a las generaciones futuras.

Esta dificultad no tiene nada de inédita. Desde los comienzos de la Revolución Francesa, Condorcet alertaba sobre los peligros de lo que llamaba una “democracia inmediata”. El filósofo temía que la administración de las finanzas públicas quedara dominada por las idas y vueltas de la acción cotidiana y, por lo tanto, invitaba a sustraer de la influencia del Poder Ejecutivo la custodia del Tesoro público.

En efecto, una especie de “preferencia por el presente” parece marcar el horizonte político de las democracias. Esto se debe a razones estructurales, que derivan de comportamientos determinados por los ritmos electorales y los imperativos de las encuestas. La carrera jadeante del corto plazo es hija de las condiciones en que se ejerce la lucha por el poder. En consecuencia, es trivial oponer los ideales típicos del “político”, que sólo se preocuparía por la próxima fecha electoral, a los del “hombre de Estado”, que tendría los ojos puestos en un horizonte más lejano. Pero las cosas son más complicadas. La miopía de las democracias tiene causas estructurales. La fórmula lapidaria del Contrato social de Rousseau (“Es absurdo que la voluntad se eche cadenas para el futuro”) sirvió de fundamento para las democracias modernas.

Sin embargo, se pueden prever medidas o instituciones para corregir el desvío cortoplacista: introducir principios ecológicos en el orden constitucional; fortalecer y extender la definición patrimonial del Estado; implementar una gran “Academia del futuro”; instituir foros públicos que movilicen la atención y la participación de los ciudadanos. Es a través de más modalidades de la preocupación por el largo plazo como éste podría ser defendido progresivamente con seriedad. Por ejemplo, incorporar la dimensión ecológica al orden constitucional es lo más evidente. Las constituciones son las guardianas de la memoria de los principios organizadores de la vida común, al obligar a las asambleas parlamentarias y al Poder Ejecutivo a respetarlos (aun cuando una Constitución a su vez siempre pueda ser modificada). Ellas velan por los derechos humanos y el espíritu de las instituciones. Pero fácilmente podríamos imaginarlas incorporando también la preocupación por las generaciones futuras.

Como la idea de humanidad, la de nación implica la de una experiencia colectiva inscripta en la escritura de una historia. Por lo tanto, se debe velar por que estas posibilidades no se vean contrariadas. El artículo primero de la ley francesa de diciembre de 1991 sobre el almacenamiento de desechos radiactivos decía: “Las generaciones futuras tienen derecho a disfrutar de esta tierra indemne y no contaminada ( .) que es el sostén de la historia de la humanidad.” La Carta del Medio Ambiente también produjo avances al formular principios y valores que debían respetarse. Son los temas de este tipo los que convendría incorporar a la constitución. Por su parte, la existencia de un Estado fuerte en todo momento ha erigido una muralla contra el cortoplacismo. Ya en épocas de la monarquía, se distinguía el dominio real, o los bienes de la corona, del cual el rey no podía disponer libremente. La noción de Estado no ha hecho más que modernizar esta idea de un tema transhistórico en la vida política. En el siglo XIX, hasta los liberales insistían en esta dimensión. Incluso los que defendían la idea de un poder público mínimo reconocían la importancia fundamental de su dimensión fundadora de la sociedad.

Hoy día entendemos al Estado sobre todo como regulador. Sin embargo, es vital restaurar su dimensión de conservador de las condiciones de la vida común. No es posible la preocupación por el largo plazo sin que exista una función pública fuerte.

La formación de una “Academia del futuro” también podría cumplir un papel esencial. Compuesta por científicos, filósofos, especialistas reconocidos y representantes de las principales asociaciones que actuaran en el campo ecológico, podría ser consultada sistemáticamente sobre los asuntos de su competencia y ofrecer opiniones públicas con respecto a las cuales los gobernantes tendrían que decidirse. Esto significaría recuperar la idea original de Academia: la de un cuerpo al servicio de la sociedad que ejerce una doble función de vigilancia y anticipación.

Esta ampliación de la expresión de la conciencia ciudadana es decisiva. No habrá salida de la miopía democrática si los ciudadanos no son ellos mismos los defensores de una conciencia ampliada del mundo.

En el siglo XIX, los avances de la educación fueron una de las matrices esenciales de la consolidación democrática. En el siglo XXI, es la toma de conciencia social de la necesidad de un nuevo horizonte temporal de la razón pública la que será el vector de una profundización de la idea democrática.

Cuando los ciudadanos hayan modificado sus propios reflejos en lo que se refiere a la anticipación, su visión se armonizará con el sentimiento de una existencia a la medida de la humanidad. Pero no habrá verdadera “revolución” en las cabezas mientras la cuestión de una ampliación de las normas de la justicia no se plantee en términos de humanidad. La preocupación por el largo plazo es indisociable del reconocimiento de la existencia de una “tierra-patria”, de un razonamiento a partir de las categorías de humanidad o especie humana.

Pero estas sólo tienen sentido si poseen verdadera coherencia interna en lo que hace a la igualdad y el compartir. Salvar el planeta implica pensarlo como un espacio de solidaridad.

Copyright Clarín y Le Monde, 2010. Traducción de Elisa Carnelli.